El Ministerio de Obras Públicas informó que durante la jornada del martes, la Patrulla de Control de Cargas de Venado Tuerto, perteneciente a Vialidad Provincial, detectó en la Ruta Provincial 93, a la altura de Cañada del Ucle, a 3 camiones de una empresa dedicada al traslado de piedras que se excedían en 67.700 kilos sobre el peso reglamentario y se dirigían a la localidad de Chapuy.
Tras detenerse en el control a los 3 equipos se procedió a labrarles actas y dictaminarle sanciones económicas. La empresa a la que corresponden se radica en Pujato (Miranda) y estos transportes tenían los ejes reforzados incluso para seguir movilizando más peso, burlando de este modo lo que establece la reglamentación de cargas.
“Definición ministerial”
En este sentido, el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, remarcó que “para evitar que el peso ilegal siga castigando y deteriorando las rutas provinciales, con el Ministerio de Obras Públicas hemos definido aumentar los operativos de controles de Carga en distintos puntos del territorio provincial”.
“Con el nuevo Gobierno de Santa Fe estamos trabajando y poniendo nuestros esfuerzos para efectuar más arreglos que recuperen el estado de las rutas, tras recibirlas en condiciones deplorables; pero sabemos que la recuperación de la red vial, que llevará su tiempo lograr, no alcanza sólo con obras, también se las debe cuidar y que se transite con el peso correspondiente”, agregó.
“Si el peso de los camiones no es controlado, las roturas de asfalto se multiplican en menor tiempo de su vida útil, lo que pone en riesgo la seguridad vial de quienes transitan a diario nuestras rutas”, señaló Seghezzo.
Cabe destacar, que en estos trabajos de supervisión se utilizan balanzas portátiles para el control de peso total y por ejes. De esta manera, se busca que el transporte de carga respete los límites de pesos y dimensiones en las rutas asignadas con el fin de no afectar la vida útil, la capacidad y la seguridad de las trazas de la provincia.
Un exceso del 100 % en la carga permitida potencia la destrucción del asfalto, a modo tal que disminuye cinco veces su vida útil. Es decir; si una obra vial es ejecutada y calculada para 10 años de uso, podría durar menos de 2 años su estado si los excesos rondan en el doble de lo permitido por ley.
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