El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó la decisión del presidente Javier Milei. Dijo que continuarán desmantelando otras oficinas del Estado que “no sirven absolutamente para nada” El Gobierno nacional dispuso el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), informó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien además advirtió que es el primero de diferentes institutos que serán eliminados. “Uno de los ideales del Presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, introdujo el funcionario en su habitual contacto con periodistas en Casa Rosada. Y desarrolló: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.
El cierre del Inadi estaba incluido en el proyecto de Ley Ómnibus que el Gobierno envió a finales del año pasado al Congreso, y que si bien fue aprobado en general, finalmente fue retirado por el propio oficialismo tras no conseguir los votos para algunos artículos durante el debate en particular de la norma.
Según explicó el vocero, el organismo que había sido creado para combatir todo forma de discriminación tiene actualmente 400 empleados y oficinas en todo el país. Si bien no dio nombres, Adorni dijo que este tipo de institutos suelen ser conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad. “No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido”, fundamentó el portavoz. Y agregó: “No podemos hacer que la gente con sus impuestos siga pagando este tipo de cuestiones”.
Ayer, el Gobierno había oficializado la extensión de la intervención del organismo por 180 días y había designado como interventora a María de los Ángeles Quiroga. El Instituto se creó en 1995 tras la sanción de la Ley 24515 y comenzó a funcionar dos años después, en 1997. Actualmente se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Adorni aseguró que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, pero no pudo especificar si el proceso se realizaría por decreto o a través de un proyecto de ley que debe convalidar el Congreso.
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