“Desde el primer día de gestión entendimos que el objetivo compartido por todos de recuperar la paz en nuestras calles tenía como requisito indispensable recuperar el control dentro de las cárceles y aumentar en cantidad y capacidad la operatividad policial”. En esa frase el gobernador Maximiliano Pullaro sintetizó su visión y las acciones vinculadas a la principal demanda en la provincia: la seguridad.
Apuntó que las medidas se ejecutaron “en el marco de una planificación basada en evidencias más que en la intuición o las costumbres”. En ese marco, en lo penitenciario, enumeró que se “intensificó la cantidad de requisas, hicimos más eficientes los controles en los ingresos y a las visitas y limitamos -cada vez con mayor intensidad- la capacidad de estos delincuentes de ordenar el delito desde las cárceles”. Sobre la reacción por parte de los narcos y sicarios tras el endurecimiento de los controles, advirtió que “están dando la pelea por recuperar ventajas y privilegios que el Estado en su conjunto no puede ni quiere concederles. Por eso apelan al terror para que una sociedad atemorizada se rinda e inste a los gobernantes a dar marcha atrás”. “Que les quede bien claro a todos: no hay pacto posible con los delincuentes. Santa Fe no va a dar ni un paso atrás”, enfatizó. En ese tramo del discurso, hizo un espacio para volver a enviar condolencias a los familiares de las víctimas del narcoterrorismo y se comprometió a que “este gobierno no los dejará solos”. Y agradeció el respaldo político recibido por todo el arco político e institucional de la provincia y el país por las amenazas recibidas.
“Inversión carcelaria”
Para Pullaro, era imperioso “mejorar el sistema penitenciario” y para eso, entre otras medidas, “había que retomar el ritmo de construcción de obra pública penitenciaria”. “Ya se licitó la obra para sumar 160 celdas con capacidad para 320 reclusos en la Unidad 5 de Rosario y en el departamento La Capital sumaremos espacio para 880 personas. En la Unidad de Piñero, construiremos celdas para 2.432 presos, entre ellos los 1.152 de alto perfil que ya se encuentran alojados allí”, anticipó. “Tenemos proyectado sumar 2.459 celdas, para 3.632 reclusos, con una inversión de 227 millones de dólares”, enumeró, y agregó que a eso se sumará “tecnología con sistemas de scanner, detectores y videovigilancia y de personal”. Además recordó que está en marcha la incorporación de 373 agentes.
“Más presencia en las calles”
Para Pullaro, el control carcelario es clave para tener el control de la calle. “En 4 meses multiplicamos la operatividad de nuestra fuerza de seguridad” y puntualizó que “en Rosario pasamos de 20 móviles a un promedio de 140 y en la ciudad de Santa Fe de 9 a 70”. Además, en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad, “ya adquirimos 100 móviles” y este jueves “se abren los sobres de ofertas para la compra de 700 patrulleros, y está en marcha la adquisición de 500 motos, armamento y chalecos”.
Hizo mención a la modernización del sistema policial: “Vamos a darle a las estaciones policiales ya existentes en Rosario la verdadera función para la que fueron construidas, y sumaremos 4 más en esa ciudad y 3 en la ciudad capital”. Adelantó que “vamos a agregar más tecnología con una red de 5.000 nuevas cámaras de seguridad en Rosario, la adhesión de cámaras privadas al sistema de videovigilancia y un nuevo edificio para el funcionamiento del 911”.
Hizo mención también a la batería de leyes contra el delito impulsada por el Ejecutivo y que la Legislatura aprobó, como la adhesión a la Ley de Microtráfico, que permite a la Justicia provincial perseguir el narcomenudeo, que habilita el derribo de búnkers. “Que quede bien claro: en Santa Fe no hay impunidad para nadie. Y aquí no sólo se persigue a los delincuentes sino que también se le sacan sus bienes. El jueves realizamos la primera subasta de vehículos decomisados a organizaciones criminales”, recordó.
“Políticas integrales”
Pullaro señaló que no alcanza con políticas penitenciarias o de policiamiento, sino que hay que “abordar, a través del programa de Intervenciones Barriales Focalizadas, las zonas con mayor índice de violencia con una mirada integral que involucra a MPA, gobiernos locales y Policía, pero también a políticas de desarrollo humano, mejoramiento barrial, atención de salud y acceso a la educación”. En esa línea, valoró la vuelta del Plan Abre y la puesta en marcha del Plan Nueva Oportunidad que apunta a 15.000 jóvenes “que se encuentren en contextos violentos y condiciones materiales de vida precarias”.
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