El Gobierno Nacional dio de baja los últimos convenios vigentes para obras de mantenimiento en rutas nacionales que cruzan el sur de Santa Fe, incluyendo el tramo más crítico de la Ruta 33, que une Sancti Spíritu con Rosario. La decisión fue formalizada el lunes pasado mediante resoluciones oficiales que además confirmaron el cierre definitivo de Vialidad Nacional, dejando sin efecto licitaciones adjudicadas y compromisos asumidos. Desde el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, la respuesta fue inmediata y enérgica: se repudió lo que se calificó como un “abandono total” por parte del Ejecutivo nacional.
La anulación alcanza también a la Ruta 178, entre Las Rosas y el empalme con la 33. Ambas obras ya tenían adjudicatarios confirmados -la UTE compuesta por Edeca S.A. y Rava S.A.- y se encontraban en condiciones administrativas para su inicio. Sin embargo, el Gobierno nacional argumentó, con fundamentos considerados “irrisorios” desde el Gobierno santafesino, que los plazos habían caducado, y utilizó una cláusula de los pliegos para frenar las ejecuciones sin consecuencias legales.
“La decisión fue intempestiva. No sólo desoye fallos judiciales que obligaban a avanzar con las obras, sino que deja sin efecto intervenciones fundamentales en corredores donde se juega la vida de miles de santafesinos”, señalaron desde la cartera que conduce Lisandro Enrico. El tramo de la Ruta 33 afectado es uno de los más transitados por vecinos y transportistas del departamento General López, y ha sido escenario de numerosos siniestros fatales. La anulación del contrato cierra la última puerta que quedaba abierta para su mejora.
“Deterioro y abandono”
El Ministerio de Obras Públicas provincial denunció que la política de “no hacer obras” del actual Gobierno nacional se traduce en la paralización total de tareas en más de 2.700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, incluyendo las rutas 7, 8, 9, 11, 34, A007, A008 y A012, además de las ya mencionadas. “Por estos caminos no sólo circula el 80 % de la producción del país, también millones de vecinos que ya no saben si llegarán a destino por el estado lamentable del asfalto”, advirtieron.
Desde la Provincia insisten en un planteo que ya hicieron en varias ocasiones: si Nación no quiere o no puede hacerse cargo del mantenimiento, que transfiera la administración a Santa Fe. “Tenemos voluntad política, experiencia y capacidad para intervenir. Ya lo demostramos manteniendo con recursos propios rutas provinciales y colaborando en rutas nacionales con tareas de bacheo, corte de pastizales e instalación de luminarias”, remarcaron.
En ese marco, destacaron que el reclamo responde a una demanda concreta de la ciudadanía. “Esto no es un cruce político. Es un llamado urgente de vecinos que todos los días se juegan la vida en rutas destruidas. Cada vez que cargan combustible están pagando un impuesto nacional que supuestamente se destina a obras viales. Hoy esas obras no existen”, concluyeron.
La ausencia de inversión del Estado nacional golpea especialmente a los departamentos del sur provincial, donde el reclamo por rutas seguras se volvió cotidiano y urgente. Por ahora, la respuesta de la Nación fue el silencio administrativo y la cancelación sistemática de cualquier compromiso.
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