El fiscal Juan Carlos Koguc, representante del Ministerio Público en la causa por el femicidio de Analía Danila Ovando, solicitó formalmente explicaciones al jefe de la Comisaría Octava de Villa Guillermina, inspector Patricio D. Alegre, por el presunto incumplimiento de la orden de detención librada el miércoles 16 de julio de 2025 contra Ulises Fabián Gómez, de 21 años, principal sospechoso del crimen.
A pesar de la gravedad del hecho y de las múltiples denuncias previas por violencia de género, Alegre continúa en funciones. Según pudo averiguar Info Central, hasta el momento la División Asuntos Internos de la policía no ha recibido la instrucción de iniciar un sumario administrativo, pese a que se trata de una clara falencia institucional con consecuencias irreparables.
En su descargo, el jefe policial afirmó que “se activaron todos los mecanismos para cumplir con la orden judicial”, detallando que tras acudir al domicilio del imputado, la madre del mismo informó que se encontraba en la casa refugio Canaan, en jurisdicción de Las Toscas. Según su relato, al llegar al lugar, Gómez ya se había fugado, alertado por un llamado de su madre que lo puso sobre aviso de la presencia policial.
No obstante, desde diversos sectores se cuestiona la actuación del inspector Alegre, señalando que su proceder fue, como mínimo, negligente. Se advierte que no se dimensionó adecuadamente el riesgo que implicaba dejar sin resguardo a la víctima, quien ya había sido atacada en otras ocasiones. Tampoco se dispuso una consigna preventiva, ni se tomaron medidas para protegerla de manera efectiva.
Si bien el único autor material del hecho es el femicida, cuya responsabilidad penal deberá ser juzgada, también existen responsabilidades funcionales que no pueden pasarse por alto. El incumplimiento de una orden de detención y la omisión de medidas de protección a la víctima constituyen fallas graves que, de haberse evitado, podrían haber salvado una vida.
Por ello, se solicita a las autoridades competentes que evalúen la conducta del jefe policial y actúen conforme a derecho, en defensa del bien más preciado: la vida.
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