Ciudad de Buenos Aires, 23 de agosto de 2025 – El escándalo que sacude al Gobierno argentino tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tiene como centro operativo a Suizo Argentina, la droguería señalada como el nexo principal en la presunta recaudación ilícita ligada a la compra de medicamentos.
“La trama denunciada”
Según los audios difundidos en el canal de streaming Carnaval, una voz atribuida a Spagnuolo denuncia un sistema de sobornos que habría incrementado los pedidos de “retornos” del 5 % al 8 % a los proveedores estatales. Se escucha cómo “la gente de Suizo” instruye a los laboratorios: “escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8… lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia” .
En otro pasaje, menciona porcentajes precisos: “A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria” , visibilizando una distribución típica de esquema de cajas paralelas entre funcionarios y operadores financieros.
“Suizo Argentina y sus vínculos”
La empresa, propiedad de la familia Kovalivker, había sido investigada previamente por contratos multimillonarios con el Estado en adquisiciones de medicamentos e insumos oncológicos, sin procesos licitatorios suficientemente transparentes . En el marco del escándalo, la justicia dispuso 15 allanamientos, que incluyeron las sedes de ANDIS y de la droguería, y los domicilios de Spagnuolo, Garbellini y los miembros de la familia Kovalivker .
Durante el operativo, se secuestraron 266.000 dólares y 7 millones de pesos en el auto del empresario Emmanuel Kovalivker, junto a pasaporte y celular, en inmediaciones de Nordelta .
“Reacción institucional y judicial”
La Justicia federal, a cargo del juez Sebastián Casanello junto al fiscal Franco Picardi, intervino de inmediato y declaró el secreto de sumario. Se designó un interventor en la ANDIS por 180 días —el doctor Alejandro Vilches— para auditar el organismo tras la remoción preventiva de Spagnuolo. También se inició una causa penal basada en una denuncia del abogado Gregorio Dalbón por supuestos delitos de cohecho, fraude administrativo, negociaciones incompatibles y asociación ilícita .
Aunque el Gobierno anunció el despido como una medida preventiva y expresó que no ponía “las manos en el fuego por ningún funcionario” según palabras del jefe de Gabinete Guillermo Francos, también evitó confirmar o desmentir la veracidad de los audios .
“El impacto político y social”
La revelación irrumpió en un contexto crítico: el Congreso rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que sumó presión al gobierno en plena campaña electoral. La oposición exige explicaciones y la creación de una comisión investigadora en el Congreso .
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