El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, junto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles el derribo de dos construcciones utilizadas para la venta de estupefacientes, ubicadas en Cisnero al 6400, en la zona sudoeste de Rosario. Se llegó así a los 108 búnkeres inactivados en el territorio provincial desde que comenzó a aplicarse la Ley de Microtráfico.
La intervención se enmarca en la estrategia que el Ejecutivo Provincial puso en marcha tras la promulgación de esa normativa, aprobada a fines de 2023 durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Desde principios de 2024, la ley permite avanzar con investigaciones focalizadas sobre el narcomenudeo y habilita procedimientos para clausurar y derribar inmuebles utilizados como centros de venta de drogas.
Los operativos se realizan de manera coordinada entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe y, en algunos casos, con la colaboración de fuerzas federales y autoridades locales.
Durante la supervisión del procedimiento, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, explicó que el operativo tiene una particularidad: “Se trata de dos búnkeres ubicados a escasos metros entre sí”, señaló, al tiempo que remarcó que se trata de una zona “particularmente activa” en términos de violencia vinculada al narcomenudeo.
“El barrio La Lagunita registró hace unos meses una serie de homicidios, tiroteos y balaceras. Es uno de los sectores de la ciudad con mayor actividad en investigaciones relacionadas con venta de drogas y donde más intervenciones de este tipo hemos tenido desde que comenzó a aplicarse la ley”, sostuvo el funcionario.
Una ley para bajar la violencia
Consultado sobre posibles detenciones, Pereira indicó que al momento del allanamiento el lugar estaba deshabitado. No obstante, precisó que en procedimientos anteriores realizados en el mismo punto se secuestraron estupefacientes y se constató su funcionamiento como puesto de venta.
“El espíritu de la Ley de Microtráfico apunta directamente a reducir la violencia que generan estos lugares. Cuando hablamos de búnkeres hablamos también de homicidios, balaceras y de situaciones que deterioran la vida cotidiana de los vecinos. Por eso es clave desactivar estos espacios”, agregó.
Por su parte, el fiscal del MPA, Diego Giro, brindó detalles de la investigación judicial que permitió avanzar con el procedimiento. Según explicó, los inmuebles forman parte de una causa que se viene desarrollando desde el año pasado en esa zona de la ciudad.
“Se trata de una investigación que lleva bastante tiempo. Ya se realizaron varios allanamientos en el sector porque es un lugar muy complejo en cuanto a la comercialización de estupefacientes y los delitos vinculados a esa actividad”, señaló.
El fiscal indicó que en la última etapa de la investigación se trabajó con la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y que, a partir de las tareas de inteligencia, se confirmó que las construcciones seguían siendo utilizadas para la venta de drogas.
“En el último allanamiento pudimos verificar que continuaban activos. Además, en diciembre del año pasado, a pocos metros del lugar se produjo un doble homicidio que, según lo que surge de la investigación, estaría vinculado con las mismas personas que regenteaban este búnker”, detalló Giro.
