Mediante las Resoluciones N.º 01-0097/26 y 01-0098/26, el Departamento Ejecutivo Municipal de Villa Ocampo avanzó en la implementación de medidas destinadas a fortalecer la transparencia, garantizar el debido proceso y corregir deficiencias detectadas en el funcionamiento administrativo del Juzgado Municipal de Faltas.
La primera de las resoluciones establece un Protocolo de Actuación, Transparencia Procedimental y Saneamiento Institucional, elaborado a partir de una investigación administrativa impulsada por la Asesoría Letrada Municipal. El documento reconoce la necesidad de subsanar diversas disfuncionalidades técnico-administrativas detectadas en la tramitación de causas contravencionales, la emisión de certificaciones y la relación operativa con organismos jurisdiccionales.
Entre los principales lineamientos fijados por el Ejecutivo se dispone que toda presentación vinculada a expedientes contravencionales deberá ser recibida obligatoriamente por Mesa de Entrada, sin condicionamientos ni restricciones, debiendo dejarse constancia inmediata mediante sello de cargo con fecha, hora y número de actuación. Asimismo, se establece la obligación de brindar información clara a los ciudadanos sobre el estado de sus trámites y garantizar el acceso efectivo al derecho de defensa.
La resolución también introduce pautas específicas respecto de la emisión del Certificado de Conducta Vial o Libre Multa, diferenciando los casos con sanciones firmes y deuda pendiente de aquellos expedientes en los que aún se encuentren vigentes las instancias de defensa o pago voluntario. Además, se ordena reforzar los mecanismos de transparencia digital en el sistema informático utilizado por el área.
Investigación administrativa
Por otra parte, mediante la Resolución N.º 01-0098/26, el Ejecutivo dio por concluida la investigación administrativa iniciada a raíz de una denuncia formulada contra la titular del Juzgado Municipal de Faltas, Dra. Viviana Graciela Sosa Amado.
Según surge de los considerandos, la denuncia incluía cuestionamientos vinculados a supuestas irregularidades en notificaciones, recepción de descargos y otras actuaciones administrativas. Tras el análisis de las pruebas incorporadas al expediente y el dictamen elaborado por la Asesoría Letrada Municipal, el Ejecutivo concluyó que no correspondía avanzar administrativamente respecto de las imputaciones de falsedad ideológica, extorsión o estafa, por considerar que tales cuestiones exceden la competencia administrativa o no contaban con elementos suficientes para acreditarlas en esa instancia.
No obstante, la investigación determinó la existencia de una conducta considerada improcedente desde el punto de vista administrativo: la exigencia de la presencia personal del infractor o de un poder para recepcionar un descargo firmado por el ciudadano, circunstancia que fue considerada contraria a los principios de informalismo en favor del administrado y al derecho de defensa garantizado por la legislación vigente.
En función de ello, el Departamento Ejecutivo resolvió aplicar a la magistrada una sanción de apercibimiento, encuadrándola como una medida disciplinaria correctiva y no expulsiva. Asimismo, ordenó avanzar en la elaboración de proyectos de adecuación normativa y remitir copia de las actuaciones al Concejo Municipal para su conocimiento.
Reorganización institucional
Las resoluciones llevan la firma del intendente Cristian Marega y del secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Jesús Miguel Merino, y forman parte de un proceso que, según se desprende de los fundamentos oficiales, apunta a fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia administrativa y el correcto funcionamiento del sistema de juzgamiento de faltas en la ciudad.
Por Antonio Paré
La decisión del Ejecutivo Municipal marca un hecho institucional de relevancia para Villa Ocampo. Más allá de las responsabilidades individuales analizadas en la investigación, las resoluciones ponen el foco en la necesidad de garantizar procedimientos claros, accesibles y ajustados a derecho, reafirmando principios esenciales como el debido proceso, el derecho de defensa y la transparencia en la administración pública. El desafío, a partir de ahora, será que las medidas correctivas dispuestas se traduzcan en mejoras concretas para los ciudadanos que diariamente recurren al Juzgado Municipal de Faltas.
Redacción – Info Central
Edición – Antonio Paré
