La Cámara de Diputados aprobó este jueves dos iniciativas vinculadas con la seguridad. Una apunta a cortar el circuito de compra y venta de celulares robados; la otra permite crear equipos especializados de la Defensa Pública para asistir a integrantes de las fuerzas de seguridad en determinados procesos.
La nueva ley sobre dispositivos electrónicos crea un registro para quienes compran, venden, reparan o reacondicionan celulares usados. Deberán identificar cada equipo mediante su IMEI, registrar su procedencia y verificar si tiene una denuncia por robo, hurto o extravío antes de incorporarlo al circuito comercial.
“Es parecido a lo que pasa cuando compramos un auto o una moto: hay documentación que permite saber de dónde viene. Con un celular usado necesitamos algo similar. Si hacemos más difícil vender lo robado, también le sacamos negocio al que roba”, explicó Dionisio Scarpin.
La norma permite además inspeccionar comercios, verificar la documentación de los equipos y aplicar sanciones cuando no pueda acreditarse su procedencia. También prevé coordinación con el Ministerio Público de la Acusación, ENACOM, empresas de telefonía y municipios para facilitar denuncias, bloqueos y recupero de dispositivos.
En paralelo, se aprobó la posibilidad de crear unidades especializadas de la Defensa Pública para asistir a miembros de las fuerzas de seguridad cuando sean investigados en causas en las que se alegue violencia institucional. La ley contempla además ocho nuevos cargos de defensores públicos.
“Un policía que actúa tiene que estar sujeto a los controles de la Justicia, pero también tiene derecho a una defensa adecuada. Son herramientas distintas que apuntan a lo mismo: que el Estado pueda responder mejor frente al delito”, concluyó Scarpin.
