El Gobierno de Santa Fe llevó adelante el derribo de otro búnker de venta de estupefacientes en Rosario, donde ya son 93 las inactivaciones de inmuebles asociados a la narcocriminalidad en la ciudad y alcanzan a 155 en toda la provincia durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
La intervención se realizó este viernes en un inmueble ubicado en Tupac Amaru y Federico de la Barra, y estuvo supervisada por el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino; y la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mercedes Banchio.
Al respecto, Santantino destacó “la continuidad de una política de microtráfico que viene dando resultados específicamente en la caída de los indicadores de violencia, y que es tan importante”. A su vez, valoró el resultado del trabajo conjunto con el MPA y las fuerzas federales “que desde el principio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro da lugar a este tipo de procedimientos y nos permite seguir avanzando”.
El secretario contó que en cada uno de los 93 búnkers inactivados en Rosario y los 155 a nivel provincial hay “una política de monitoreo de lo que sucede en torno a estos puntos de venta, porque son espacios que quedan inutilizados para la continuidad de esta actividad ilícita, pero el riesgo de la continuidad de la venta de estupefacientes y la violencia en torno a estos puntos de venta, sigue estando presente”.
Por tal motivo, “hay que monitorearlos en cuanto a las llamadas de los vecinos por si muta el tipo de venta y estar alerta a los indicadores de violencia”, dijo y agregó que esa tarea permite “una continuidad en el análisis, para seguir trabajando en aquello que no se va a terminar de un día para el otro y que nos va a seguir exigiendo ser cada vez más finos en cuanto al trabajo, que es la circulación de violencia altamente lesiva vinculada en el microtráfico”.
La investigación
Banchio contó que la investigación que permitió llegar al punto de venta ahora derribado surgió a partir de la actuación de Gendarmería Nacional por una persecución en flagrancia. “Había cocaína siendo fraccionada, y elementos de recorte para el microtráfico y para vender dosis directamente a consumidor”, detalló.
A partir de las constataciones realizadas y la coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad se logró intervenir en el sitio. La investigación permitió llevar a audiencia a una persona que residía en un lugar lindero, quien se adjudicaba el derecho de propiedad del inmueble inactivado.
La fiscal del MPA indicó que “esta pequeña aprehensión en flagrancia nos lleva a estos lugares y nos permite seguir investigando desde la Fiscalía y la inteligencia coordinada, para poder llegar a saber quiénes son. Muchas veces estas personas hacen una actividad subordinada a determinados grupos que sí tienen el manejo, y que lo que nos preocupa y priorizamos es que esos manejos llevan a disputas territoriales que trae violencia, y es lo que debemos evitar”.
Ley de Microtráfico
La Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023 y promulgada por el gobernador Pullaro. Su aplicación comenzó a principios de 2024 y contempla, entre otras medidas, la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles vinculados con actividades delictivas y hechos de violencia altamente lesiva.
Los procedimientos se desarrollan a partir de un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial y la Policía de Santa Fe, con la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.
Desde la puesta en marcha de la normativa, las intervenciones se realizan en distintas localidades del territorio provincial con el objetivo de desarticular puntos de comercialización de drogas y reducir los focos de violencia asociados a estas actividades.
