El Concejo Municipal de Villa Ocampo aprobó la Resolución N.º 13/26, mediante la cual ratificó las conclusiones del informe final elaborado por la Comisión Investigadora que tuvo a su cargo analizar los hechos, procedimientos y actuaciones institucionales vinculados al conflicto dominial en los barrios El Progreso y Ocampo Samanés
La investigación fue impulsada a partir del Decreto N.º 01/2026 y comprendió el análisis de documentación oficial, publicaciones institucionales y once actas testimoniales recibidas bajo declaración jurada.
De acuerdo con los fundamentos de la resolución, el trabajo de la comisión permitió identificar inconsistencias de carácter procedimental en la actuación coordinada de distintas áreas del Gobierno local.
REUNIONES EN EL PALACIO MUNICIPAL Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS
Entre los aspectos señalados, el documento sostiene que la convocatoria y realización de reuniones con vecinos en el Palacio Municipal no respondió a una iniciativa fortuita, sino que contó con el impulso, la logística y la validación institucional de la Intendencia Municipal y de la Secretaría de Gobierno, según surge de publicaciones oficiales emitidas por el propio municipio.
Asimismo, la resolución cuestiona la utilización de bienes del dominio público municipal, entre ellos el Salón 30 de Noviembre y dependencias de la Secretaría de Gobierno, para desarrollar instancias de negociación de contenido económico entre profesionales, particulares y vecinos.
Según expresa el Concejo, esta situación desvirtúa la afectación pública de esos espacios y genera una asimetría que vulnera la neutralidad que debe regir la función pública.
OBSERVACIONES SOBRE LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL
Otro de los puntos destacados está relacionado con el área de Hábitat y Regularización Dominial.
La investigación identificó deficiencias en la cadena de mando, al considerar que se omitió la canalización prioritaria y preventiva del conflicto mediante los marcos normativos de orden público y gratuidad establecidos por la Ley Nacional N.º 24.374, conocida como Ley Pierri, y la legislación provincial complementaria.
La resolución considera que estas herramientas constituyen mecanismos adecuados para proteger a las familias vulnerables y a los poseedores históricos.
También cuestiona las actuaciones de la Asesoría Legal y las posteriores presentaciones realizadas ante el Concejo, al señalar que se desdibujaron los límites entre el patrocinio del Estado municipal y la facilitación de pretensiones privadas.
QUÉ RESOLVIÓ EL CONCEJO MUNICIPAL
En la parte resolutiva, el cuerpo legislativo estableció cinco disposiciones:
1. Aprobar el informe final de la Comisión Investigadora creada mediante Decreto N.º 01/2026, ratificando el análisis de las actuaciones, las actas testimoniales y la prueba documental incorporada.
2. Declarar la responsabilidad institucional del Departamento Ejecutivo Municipal por la falta de resguardo procedimental de las áreas intervinientes, Secretaría de Gobierno y Asesoría Legal, en la organización y realización de reuniones destinadas a negociaciones económicas privadas dentro del Palacio Municipal, en perjuicio de vecinos de los barrios El Progreso y Ocampo Samanés.
3. Exhortar al Departamento Ejecutivo Municipal a adecuar sus procedimientos administrativos, garantizando el cumplimiento de las normas sobre afectación de bienes públicos, neutralidad institucional y canalización prioritaria de los conflictos dominiales mediante la legislación social de regularización vigente.
Además, sugiere la desvinculación de la abogada María Eugenia Martinelli, matrícula N.º 225, Folio 145, Tomo I, de toda actuación, gestión o intervención profesional vinculada con la aplicación de la Ley Nacional N.º 24.374 (Ley Pierri), respecto de las personas afectadas por los hechos investigados y en el marco de los procesos de regularización dominial de ambos barrios.
4. Enviar copia de la resolución al Departamento Ejecutivo Municipal para los fines administrativos correspondientes.
5. Registrar, comunicar, publicar y archivar la resolución.
UN PRONUNCIAMIENTO INSTITUCIONAL
En los fundamentos del documento, el Concejo sostiene que las conclusiones de la Comisión Investigadora constituyen un diagnóstico sobre el funcionamiento de la administración local y plantea la necesidad de adoptar medidas correctivas, institucionales y reglamentarias para evitar la reiteración de las situaciones observadas y reordenar los procedimientos de atención al ciudadano.
La resolución fue aprobada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Villa Ocampo el 11 de noviembre de 2026 y lleva las firmas del presidente del cuerpo, Mario O. Araujo, y del secretario a cargo, Emanuel Zalazar.
FUENTE: Resolución N.º 13/26 – Concejo Municipal de Villa Ocampo. Información elaborada sobre el documento oficial.
