“Hace mucho tiempo que desde Encuentro Republicano Federal venimos reclamando que mejoren el deficiente funcionamiento de un lugar tan sensible. Hoy, el Patronato se sostiene gracias a los trabajadores porque no hay conducción. Y los empleados trabajan en pésimas condiciones. Yo le diría a (el ministro de Seguridad) Claudio Brilloni que el Patronato no está “muy debilitado”, le diría que está destruído”, sostuvo la diputada provincial Betina Florito. La legisladora cuestionó la falta de respuestas a la grave situación que atraviesa el Patronato del Liberado, un área del Gobierno destinada a los presos que recuperan su libertad y cuyo objetivo es su reinserción social.
“Brilloni no puede desconocer la situación ya que hace tiempo que está en el Ministerio de Seguridad cumpliendo funciones, más allá de que ahora sea ministro. Lamento que (las autoridades) puedan mirar esta institución recién ahora tras la muerte del comerciante de barrio Belgrano”, se quejó Florito. “Hoy hay 3800 liberados que son controlados por una sola persona!. Es insólito!”, afirmó la precandidata a gobernadora por el espacio que a nivel nacional conduce Miguel Pichetto. Desde la Legislatura, el año pasado, Florito solicitó un informe respecto a la situación de la Dirección del Patronato de Liberados. Lo hizo motivada por distintos testimonios de empleados y vecinos de la provincia. “A la fecha no hemos tenido ninguna respuesta al pedido solicitado. Por lo cual sólo puedo inferir que el lugar se sostiene por el sacrificio de sus empleados”, añadió. “Hoy tenemos información sólo de Rosario, ya que no hay estadísticas actualizadas de toda Santa Fe, sobre que el control interno -cuando el liberado se hace presente en la dependencia y firma una asistencia como regla de conducta- que estaba en 3500 ex presidiarios aumentó a 3800. Los controles externos, que es el control de las prisiones domiciliarias, aumentaron un 25%. Sólo dos personas atienden esa situación con un solo automóvil y sin custodia policial para ninguno de los controles (ni externo ni interno). Tampoco hay móviles fijos. Sólo cuentan con dos psicólogas para atender los casos de abusos sexuales y violencia de género. Y también hay una sola persona atendiendo las entre 150 y 200 firmas diarias de ex presidiarios que se presentan a comparecer. Lamentablemente, la gran mayoría de ellos, vuelven a delinquir tomando como víctimas a los vecinos. Y eso está avalado por datos recientes de la Defensoría Pública Penal sobre que el 85% de los condenados de la provincia que son liberados terminan reincidiendo. ¿Cómo es posible llegar a ese porcentaje?”, se preguntó la presidenta del bloque ERF en la Cámara de Diputados. Hace meses Florito está requiriendo respuestas al Ejecutivo sobre la grave situación de la Institución donde a partir de denuncias se dan a conocer condiciones deplorables de trabajo y de los trabajadores, inmuebles en ruinas, falta de insumos, falta de aires acondicionados, falta de mobiliario, así como la presencia de murciélagos y ratas y por lo tanto heces de estas plagas en el lugar y lamentablemente en los escritorios del personal, en los legajos con la importancia que representa la conservación de los mismos y en los efectos personales de los trabajadores representando un grave riesgo sanitario. “Nada de esto ha sido revertido. Entonces me pregunto, ¿cómo es posible pretender que el control pos penitenciario esté sujeto a normas constitucionales si ni la misma cárcel lo está? La sociedad clama ante la ola de violencia a la que se encuentra expuesta, y las Convenciones Internacionales a las que adherimos así como la normativa nacional establecen la “reinserción social de las personas en conflicto con la ley penal”, sin embargo si no tenemos recursos básicos y el personal idóneo y respaldado para lograr cimientos en los derechos máximos de una comunidad, lejos estamos de poder construir la paz y el orden social, la justicia y la seguridad tan anheladas e inherentes a la dignidad de todos los seres humanos”, concluyó Florito.
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