Lo que no se debe hacer, y lo que debe hacerse respetar, es algo tan simple como profundo: el respeto a cada ser humano.
En la Argentina y en cualquier país del mun debería existir una ley que sea igual para todos, sin privilegios, sin excepciones y sin miradas selectivas.
Esta reflexión nace a partir del caso de Agostina Páez, abogada e influencer libertaria, denunciada en Brasil por delitos racistas ocurridos en un bar de Ipanema, Río de Janeiro. Hoy se encuentra con prisión domiciliaria, tobillera electrónica y prohibición de salir de la ciudad, mientras avanza la investigación judicial.
Agostina declaró: “Estoy encerrada, con miedo”.
No. No estás “encerrada”: estás detenida por decisión de la Justicia.
Y el miedo no apareció cuando realizaste gestos racistas, insultaste, despreciaste a personas por el color de su piel y banalizaste tragedias históricas. El miedo llega ahora, cuando la ley actúa.
Brasil no es la Argentina donde, muchas veces, el poder, la exposición mediática o la ideología política parecen ofrecer impunidad.
En Brasil, la ley se cumple.
Y el racismo no es una “opinión”: es un delito.
No se puede tolerar que alguien se sienta con derecho a humillar, amenazar o burlarse de pueblos enteros, de su historia y de su dolor.
No se puede permitir que la soberbia se disfrace de libertad de expresión.
Y no se puede justificar el desprecio bajo ninguna bandera política.
Este caso deja una enseñanza clara:
La igualdad ante la ley no es un eslogan, es una obligación.
El respeto no se negocia.
La dignidad humana no admite excepciones.
Ojalá también en la Argentina aprendamos, de una vez por todas, que no hay ciudadanos de primera y de segunda.
Que la ley debe ser pareja.
Y que el verdadero progreso empieza cuando entendemos que sin respeto, no hay libertad posible.






