La medida judicial se concretó luego de que la Asamblea Legislativa de la provincia de Santa Fe resolviera, por unanimidad, suspender a Benegas en sus funciones durante una sesión conjunta de diputados y senadores. La resolución incluyó además una reducción del 50% de su salario y la prohibición de ingresar a cualquier dependencia del MPA, al considerarse que su permanencia en el cargo podría afectar el desarrollo de la investigación.
Orden judicial
En su resolución, la magistrada Bressán dispuso que se hiciera efectiva la prisión preventiva que había sido ordenada previamente durante la audiencia imputativa realizada el 23 de febrero de 2026.
Sin embargo, dicha medida no había podido ejecutarse en su momento debido a la inmunidad de arresto que tenía el funcionario por su cargo dentro del Ministerio Público de la Acusación.
En el escrito judicial, la jueza señaló que la suspensión dispuesta por la Asamblea Legislativa dejó sin efecto esa protección institucional.
“La sanción dispuesta por el organismo competente hace que el escudo protector —inmunidad de arresto— quede inactivo, por lo que corresponde disponer que se efectivice la prisión preventiva oportunamente dictada”, expresa la resolución.
La decisión se fundamenta en lo establecido por las leyes provinciales 13.013 y 13.695, que regulan el funcionamiento y régimen disciplinario del Ministerio Público de la Acusación.
La imputación
Benegas se encuentra imputado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravada por intimidación o coerción, en perjuicio de una menor de edad.
Según la acusación, los hechos habrían ocurrido en reiteradas oportunidades y en fechas no determinadas, cuando la víctima era adolescente. En ese período, Benegas se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Vera, donde ocupaba un cargo jerárquico superior al del padre de la menor.
La postura de la defensa
Por su parte, la defensa del imputado sostiene que los hechos atribuidos estarían prescriptos, argumentando que habrían ocurrido antes de la entrada en vigencia de la denominada “Ley Piazza” en 2011, normativa que modificó los plazos de prescripción para delitos sexuales cometidos contra menores.
Ese planteo aún no ha sido resuelto por el Poder Judicial, por lo que la investigación penal preparatoria continúa en curso.
