Por Antonio Paré
Otra vez el espanto. Otra vez la bronca. Y otra vez la justicia que no llega, que no actúa, que no protege.
Analía Daniela Ovando, de apenas 25 años, fue asesinada en Villa Guillermina. El femicida, Ulises Fabián Gómez, tenía una orden de detención. Pero como tantas otras veces, esa orden fue letra muerta. Nadie actuó. Nadie lo detuvo. Y ella murió.
Esto no fue un error. Fue una negligencia criminal. Y los responsables jueces, fiscales, policías siguen ocupando cargos, cobrando sueldos, mientras las víctimas se suman a una lista que no deja de crecer.
La justicia no es mala. Lo que es nefasto es el aparato que la administra. Son los funcionarios que deberían estar cuidando vidas y, en cambio, se arrastran en la inacción y el desinterés. Son cómplices por omisión. Por incapacidad. Por desidia.
¿Y los políticos? También son responsables. Porque no hacen de esto una prioridad. Porque mientras el país se desangra, ellos se enredan en internas, operaciones, roscas. Discuten cargos, blindan privilegios, se reparten sueldos jugosos. Pero no discuten cómo evitar que maten a otra mujer más.
Más allá de la bronca, hay una tragedia humana: un niño quedó sin madre. Una familia entera quedó destruida por el dolor. Y nada, absolutamente nada, va a reparar semejante vacío. ¿Quién se hace cargo de eso?
La violencia de género ya no es un hecho aislado. Es un síntoma de un Estado ausente. De un sistema podrido. Y de una sociedad que está harta.
Hace falta una transformación profunda, urgente y real. No discursos. No campañas. No pañuelos para la foto. Hace falta decisión, formación, compromiso y, sobre todo, humanidad.
Cada crimen que no se evitó, fue responsabilidad directa de quienes no actuaron a tiempo. Y ellos también deberían responder ante la justicia. Aunque sabemos bien que, en este país, eso nunca pasa.
Contanos tu Noticia al WhatsApp: 3482-419-217.
