El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto al secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, anunciaron este viernes las acciones judiciales que el Gobierno Provincial impulsa para impedir que se restituyan bienes decomisados a un narcotraficante condenado.
Puntualmente, este jueves 7, el Gobierno de la Provincia fue notificado por el Juzgado de Circuito de la 2da nominación de Rosario, firmada por el juez Eduardo Arichuluaga, de una demanda iniciada por Santino Alvarado (hijo de Esteban Alvarado) contra la Provincia a través de una acción revindicatoria, solicitando la restitución de un inmueble de cuatro hectáreas ubicado en Piñero -en el paraje denominado “Los Muchachos”- decomisado y en posesión del Estado provincial, tras una sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que estableció que fue un instrumento del delito.
Ante esto, se puso en conocimiento a las máximas autoridades del Gobierno Provincial por lo que se trabajará la estrategia correspondientes desde Fiscalía de Estado.
“Hasta las últimas consecuencias”
Ante esta situación, Cococcioni remarcó que “la política de decomiso es una parte fundamental de la política criminal del Gobierno Provincial”, y que “de nada sirve gastar recursos capturando gente e investigar a partir del trabajo de fiscales, la Policía de Investigaciones, los organismos de inteligencia y el sistema penitenciario, si después van a seguir por sí mismos o por interpósita persona disfrutando de los bienes con los cuales muchas veces se cometieron delitos”.
El ministro afirmó que en el caso puntual de la “quinta en el Paraje Los Muchachos fue instrumento de un homicidio y por eso también fue legalmente decomisada”, y detalló que “los recursos judiciales interpuestos en sede penal, las revisiones, las distintas instancias de la causa que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, determinaron la intervención de no menos de una quincena de jueces penales o magistrados de Corte que de manera unánime han avalado el decomiso”, además de “toda la arquitectura jurídica en que se sustenta: el Código Procesal Penal y la ley de creación de la Aprad y de creación del Sistema de Registro y Decomiso de bienes vinculados al delito”.
Por tal motivo, el titular de Justicia y Seguridad santafesino subrayó que recibieron la directiva de “ir hasta las últimas consecuencias” porque “el Gobierno de Santa Fe no va a permitir que se ponga en tela de juicio el hecho fundamental de que a las organizaciones criminales hay que desmantelarlas económicamente”, lo que viene en línea con otras acciones como “la puesta en funciones del Comité de bloqueo económico al crimen organizado que ya comenzó con sus actividades”, explicó.
Por último, Cococconi manifestó que “no deja de sorprendernos la osadía de querer reclamar utilizando los instrumentos jurídicos diseñados para que las personas puedan acceder a la defensa en juicio de sus derechos para obstaculizar las medidas del Estado que tienen como fin último el cese de la actividad delictiva y el desmantelamiento de las organizaciones criminales que tienen sus bienes manchados de sangre”.
“Avanzar sobre el patrimonio de los criminales”
Por su parte Escauriza explicó en detalle que al inicio de la gestión que encabeza Maximiliano Pullaro “nos enteramos que había una sentencia de decomiso de seis inmuebles del Clan Alvarado para tomar posesión desde 2022, oficio de puesta a disposición a la Aprad (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales) que no se había ejecutado por lo cual en febrero de 2024 presentamos un escrito al juez de Ejecución en la que pedimos intervención para tomar posesión de los seis inmuebles de manera inmediata, acción que llevamos a cabo el 7 de mayo de ese año, generando el desalojo de las personas que había en cada uno de ellos”.
Seguidamente, el funcionario mencionó que algunos de los inmuebles ya fueron subastados, otros están en custodia del Gobierno Provincial y algunos están asignados a instituciones de bien común. “Vamos a seguir la vía judicial ante esta causa porque cada vez que avanzamos con el patrimonio de las diferentes organizaciones criminales se nota la resistencia. Y es cuando les tocamos sus bienes, obtenidos en base a delitos. Eso nos demuestra que el camino que venimos llevando adelante es el correcto”, concluyó.
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