Por Antonio Paré
Otra vez el espanto. Otra vez la indignación. Otra vez, una mujer asesinada por quien debía estar detenido, por quien ya había violado una perimetral, por quien ya había sido denunciado. Y otra vez, la Justicia que no actuó a tiempo.
Analía Danila Ovando tenía 25 años y toda una vida por delante. Era madre, trabajadora, luchadora. Pero eso no bastó para que el sistema la protegiera. Su agresor, Ulises Fabián Gómez, ya había sido denunciado, tenía una orden de detención vigente y, aun así, seguía libre, rondando impunemente por el mismo pueblo. La Fiscalía N°4 lo sabía. Y no hizo nada.
El jueves a la madrugada, en el bar “El Moroco”, donde Analía trabajaba, él la degolló con un cuchillo y huyó. Una escena brutal, que no debería repetirse jamás, pero que lamentablemente se repite con nombres distintos y el mismo final.
Aclaro, como siempre lo hago: no doy nombres de los profesionales intervinientes porque no apunto a uno en particular. El sistema es el que está mal. Esta precisión es para quienes opinan desde el desconocimiento en redes sociales y medios digitales, creyendo que esto es un ataque personal o una operación mediática. No entienden de análisis, de periodismo ni de ética.
De mi parte, jamás alimento la morbosidad, no doy espacio al mal educado ni respaldo la falta de respeto. Todo lo contrario: trabajo desde el respeto, la verdad y el compromiso con informar sin caer en lo vulgar ni en lo tendencioso.
Este no fue un caso aislado. Fue una cadena de errores, desidias y omisiones que permitieron que un femicida actuara con total libertad. Porque no basta con que la ley diga, hay que hacerla cumplir. Y cuando no se cumple, alguien debe responder.
Analía deja un hijo de ocho años. Una familia rota. Un pueblo dolido. Y un interrogante que sigue sin respuesta: ¿por qué nunca llegan a tiempo? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que la vida de las mujeres dependa de la voluntad, el ritmo o la burocracia de un sistema que, a la vista está, no funciona?
Como periodista y como ciudadano, no puedo callar ante tanta impunidad. No se trata de un hecho policial. Es una falla estructural. Y mientras no se reconozca, mientras no se investigue también el accionar o la falta de él de fiscales, policías y jueces, no habrá justicia plena.
Porque justicia que llega tarde, ya no es justicia. Y en este caso, es también cómplice.
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