El Gobierno de Santa Fe sigue con atención la evolución de la recaudación nacional y su impacto en las cuentas provinciales. Así lo planteó el ministro de Economía, Pablo Olivares, quien reconoció que la desaceleración de la actividad económica nacional ya se refleja en los recursos que llegan por coparticipación federal, aunque destacó que la administración provincial mantiene una estrategia para sostener el funcionamiento del Estado, acompañar al sector productivo y continuar con la inversión pública.
El funcionario explicó que los ingresos provenientes de la coparticipación nacional registran una caída en términos reales durante el inicio del año, una tendencia que atribuyó principalmente a la menor dinámica del consumo y de la actividad económica. Según señaló, el comportamiento del IVA -uno de los principales componentes de la recaudación nacional- es un indicador claro del enfriamiento de la economía.
“La recaudación está replicando lo que ocurre en la economía. Cuando uno analiza su composición, el principal impacto se observa en el IVA, que es el mejor reflejo de la actividad económica”, explicó Olivares. Esa misma tendencia, agregó, también se observa en los tributos provinciales, aunque con menor intensidad.
El ministro indicó que se trata de un fenómeno que afecta al conjunto del país y que está vinculado al proceso de estabilización macroeconómica que atraviesa la Argentina. “Estamos en una etapa donde algunas variables muestran señales de previsibilidad, especialmente la inflación, pero todavía no se ve una recuperación económica que acompañe ese proceso”, sostuvo.
Fronteras adentro
Frente a ese escenario, Olivares aclaró que la Provincia no cuenta con herramientas para revertir un ciclo económico a gran escala, aunque sí puede implementar políticas que amortigüen sus efectos en el tejido productivo y comercial.
En ese sentido, destacó las medidas de alivio fiscal impulsadas por el Gobierno santafesino. Entre ellas, mencionó los beneficios incluidos en la ley tributaria provincial, que ya comenzaron a ser utilizados por empresas, comercios e industrias. Algunas firmas pudieron deducir de Ingresos Brutos los salarios correspondientes a nuevos puestos de trabajo, mientras que otras redujeron su carga impositiva a partir de deducciones vinculadas al costo de la energía o mediante una baja en las alícuotas aplicadas a determinadas actividades.
“Es una manera de colaborar desde la Provincia en un contexto complejo, bajando impuestos y acompañando a quienes invierten o generan empleo”, explicó el ministro.
A estas herramientas se suma una batería de programas de financiamiento impulsados por el Ministerio de Desarrollo Productivo, orientados a distintos sectores de la economía, así como la articulación con el Ministerio de Trabajo para atender situaciones vinculadas al empleo y a la actividad empresarial.
La obra pública, un pilar
Sin embargo, Olivares subrayó que uno de los principales pilares de la política económica provincial es la continuidad de la inversión pública. Según sostuvo, el sostenimiento de las obras en marcha constituye un factor clave para sostener el empleo y dinamizar la actividad.
“Mientras en gran parte del país la postal es la paralización de la obra pública, en Santa Fe seguimos avanzando con obras y también finalizando muchas de ellas”, afirmó. El ministro mencionó proyectos viales, infraestructura urbana y equipamiento para seguridad como ejemplos de inversiones que continúan en ejecución.
Esa política, remarcó, permite amortiguar el impacto de la desaceleración económica sobre el empleo. “Si Santa Fe ha tenido una menor caída del empleo en comparación con otros lugares del país, tiene mucho que ver con la apuesta que hacemos a la inversión pública”, señaló.
Al mismo tiempo, el funcionario aseguró que la Provincia busca compatibilizar esa estrategia con la recomposición salarial de los trabajadores estatales y con el sostenimiento de los servicios públicos. Olivares puso como ejemplo el sistema de salud pública santafesino, que actualmente registra una mayor demanda de atención. Según indicó, cada vez más personas con cobertura de obras sociales o sistemas prepagos recurren al sistema público ante dificultades de acceso en el sector privado.
