La Legislatura de Santa Fe dio media sanción a un proyecto que introduce cambios en el sistema de reclamos por accidentes de trabajo, con el objetivo de ordenar su funcionamiento y dar mayor previsibilidad. “Partimos de algo que todos vemos: hoy el sistema no está funcionando bien. Esto lo venimos escuchando hace años de quienes invierten, producen y generan trabajo en la provincia”, expresó el diputado provincial Dionisio Scarpin.
En ese sentido, remarcó el objetivo de la iniciativa: “Estamos dando un paso para ordenar el sistema, reducir demoras y que haya reglas claras. El que trabaja y el que genera empleo necesita previsibilidad”.
El legislador también puso el foco en el impacto concreto de estos cambios: “Cuando no hay criterios claros ni tiempos razonables, todo se vuelve más difícil. Con estas herramientas buscamos que el sistema funcione mejor, con más control y mayor claridad. Esto es importante para el sector productivo. Necesitamos un sistema que acompañe al que invierte, produce y genera trabajo en la provincia”.
Reglas claras
El proyecto introduce modificaciones en distintas etapas del proceso, con el objetivo de hacerlo más ordenado, ágil y transparente. Entre los principales cambios, se establece que antes de iniciar un juicio se deberá pasar por las comisiones médicas y, en caso de judicializar el reclamo, se deberán fundamentar los motivos de esa decisión.
También se incorporan reglas más claras para los procesos judiciales, obligando a unificar los reclamos de un mismo trabajador y evitando la fragmentación de causas, lo que hoy genera demoras e incertidumbre.
Uno de los puntos centrales es la reorganización del sistema de pericias. Se crea un cuerpo de peritos del Poder Judicial, con mayor control e independencia, y se fijan nuevas reglas para sus honorarios, que dejan de depender del monto del juicio y pasan a tener límites definidos.
Además, se refuerzan los mecanismos de control a través del Observatorio de Comisiones Médicas, que tendrá funciones de seguimiento de plazos, generación de datos, detección de irregularidades y recepción de denuncias.
El proyecto también fija plazos más claros -como el límite de 90 días para iniciar una demanda judicial- e incorpora medidas de transparencia y profesionalización, como la dedicación exclusiva de peritos y la publicación de información del sistema.
Cambios en la justicia penal juvenil
Por otra parte, la Legislatura aprobó la modificación de la Ley N° 13.018, que regula la organización de los jueces penales en la provincia.
En este sentido, los casos vinculados a menores seguirán siendo abordados por jueces de menores, pero también podrá intervenir en causas penales comunes. En tanto, los jueces de otras áreas podrán participar en casos juveniles siempre que cuenten con capacitación en esa temática.
De esta manera, se busca que la justicia funcione de forma más ágil y organizada, sin perder la especialización que requieren los casos vinculados a menores.
