El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó detalles sobre la primera notificación enviada a personas identificadas como responsables de amenazas a escuelas de la provincia, en el marco de una acción patrimonial y administrativa orientada a recuperar los gastos ocasionados por los operativos. El procedimiento contempla la identificación de los adultos responsables y la posterior intimación de pago por los costos de cada intervención.
Al respecto, el funcionario explicó que “hoy se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación, en el marco de la resolución dictada para el recupero de los costos de los operativos que se despliegan a partir de llamadas por amenazas en establecimientos educativos”. En el procedimiento realizado por la Policía esta mañana, la agente policial informó al padre sobre el detalle de la notificación. En ese momento, el padre reaccionó con la expresión: “Cara la jodita”.
El ministro, en la conferencia de la tarde, detalló, además, que la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe “a ambos padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas”, por un monto total de 6.024.944 pesos, que deberán abonar en calidad de responsables solidarios. “Durante el día se estarán despachando nuevas intimaciones”, añadió.
Las notificaciones detallan el monto de la deuda y los medios de pago, con la expectativa de que los responsables asuman voluntariamente las consecuencias del hecho cometido por sus hijos, en la mayoría de los casos. El plazo para abonar es de cinco días; vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.
Cococcioni indicó que ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica “más de 70 personas involucradas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable. “A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicó.
250 millones de pesos
Según estimaciones oficiales, con la identificación de los autores de estos 58 hechos y de los adultos responsables, el monto total reclamado superaría los 250 millones de pesos. “Es una cifra inicial que se irá incrementando, ya que cada nueva validación de la Fiscalía activa el mismo procedimiento”, señaló el ministro.
En este sentido, aclaró que se trata de “una indemnización civil por el resarcimiento del daño”, desvinculada de cualquier sanción penal. “No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, precisó.
Por último, el ministro explicó que el monto se calcula en función de los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas -como las de explosivos- y horas de servicio. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, concluyó.
