Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad brindaron detalles este viernes sobre los alcances de la ley de regulación de las agencias de seguridad privada, sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y que se regían por una norma del año 1991 sin categoría de ley.
La norma sancionada tiene 70 artículos y comienza por regular la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas y bienes por parte de personas jurídicas dentro del territorio de la provincia.
Uso racional del recurso policial en calle
Uno de los puntos más importantes que se incluyen en esta ley es que busca reducir el margen de falsas alarmas automáticas para optimizar los recursos del sistema de emergencias del 911 y los recursos policiales abocados al patrullaje en calle. “Es una herramienta que nos permitirá mejorar nuestros niveles de incidencia en los llamados con alarmas”, aseguró el director provincial de Emergencias 911, Pablo Polito.
El funcionario ejemplificó que en Rosario “los llamados por alarmas consumen más de un 30 % de la operatividad policial en calle y en lo que va del año tenemos más de 150 mil llamados por alarmas, de los cuales solo 350 fueron incidencias”, por lo que valoró que la ley recientemente sancionada permitirá “usar racionalmente el recurso policial en calle” ya que actualmente “llegan los llamados y no podemos no atenderlos porque puede estar ocurriendo un delito”, por lo cual reconoció que la ley permitirá “medir las incidencias para que los móviles policiales no vayan a un lugar donde no haya novedad o no se sepa que sucedió”.
Registro y competencia leal
La norma encarga la construcción de un registro de empresas, los tipos de servicios que pueden prestar así como las características que deben cumplir los titulares de las firmas y los empleados. Además, cuenta con un capítulo sobre la prestación de servicios con usos de armas. “Es una ley marco que regula las alarmas y todo el sector de la seguridad privada, es decir, la seguridad física (vigiladores) y la seguridad electrónica”, subrayó la subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado, Karina Chumpitaz.
La funcionaria explicó, además que “lo primero que se hará será un registro para tener una competencia leal, conocer cuántos son los prestadores de monitoreo, de prestación de alarma en servicios privados en domicilios y las bancarias, para darle una profesionalización no solo a quienes trabajan dentro de la seguridad privada, sino también una certificación internacional y de estándar a lo que se utiliza como drones o totems”.
Con esta nueva normativa se podrá sancionar a las empresas no registradas y beneficiar a las que cumplen, a los fines de proteger una competencia leal de mercado y fortalecer la seguridad privada como complemento de la seguridad pública y del plan de seguridad del gobierno provincial. “El fin es darle al ciudadano una mejor seguridad pública, tomando dentro de esta ley a la seguridad privada como un complemento”, concluyó Chumpitaz.
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