El martes 21 de mayo de 2024, el diputado provincial Emiliano Peralta presentó un proyecto de ley por el cual se modifica el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe (CPPSFe) para incorporar “normativa relativa a procedimientos investigativos de delitos informáticos específicamente y de delitos en general que se cometan a través de medios digitales o electrónicos”.
Se trata de un proyecto en coautoría con las diputadas Amalia Granata y Alicia Azanza, del Bloque Somos Vida; y también lleva la firma de los diputados Martín Rosúa, Marcelo González y Silvana Distéfano (UCR – Unidos para Cambiar Santa Fe) y de dos Justicialistas, Lucila de Ponti y Miguel Rabbia.
“Desde la pandemia, los delitos cibernéticos, particularmente las estafas y defraudaciones han crecido 1.200%, por la modalidad de las compras remotas a partir del aislamiento. Esta tendencia de compras, aún ya sin pandemia, se ha instalado en los consumidores. Y las estafas no dejan de crecer. En ese sentido, los Centros Territoriales de Denuncia también informan que la mayor parte de denuncias recibidas se corresponden con esta modalidad delictiva”, manifestó Peralta.
“Pero además de esta cuestión”, advirtió que “hay otras aún más graves, como el phishing (o suplantación de identidad), el grooming (abuso de menores a través de redes sociales) y la tenencia o circulación de pornografía infantil. Estos son otros delitos típicos de la cibernética, y que se han ido incorporando a la legislación Argentina a través de normas del Congreso Nacional. Y hay otros delitos que se organizan o coordinan a través de dispositivos móviles o computadoras, como son el narcotráfico o las redes de trata de personas”.
En el proyecto se aclara que, si bien ya existen algunas probanzas o medios investigativos digitales, los mismos no se encuentran debidamente regulados en el Código Procesal.
“La legislación provincial quedó rezagada respecto de la legislación de fondo, y lo que buscamos es actualizar la primera. Para ello hemos tomado como fuente a Códigos Provinciales como los de Salta y Mendoza, así como al Código Procesal Penal Federal del nuevo sistema acusatorio; y otras normas internacionales como la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española y el Convenio de Budapest contra la Ciberdelincuencia del Consejo Europeo”, expresó el Legislador.
Concretamente, “en el Código se modifican las disposiciones del allanamiento en caso de que se encuentren dispositivos digitales o electrónicos, y se agregan artículos sobre la requisa de dispositivos electrónicos, sea de manera física o remota. También, la interceptación de comunicaciones digitales aparece regulada y se incorpora la figura del agente encubierto informático”.
Respecto a esto último, el legislador recordó que “en febrero incorporamos al CPP nuevos métodos especiales de investigación, entre ellos el del agente encubierto; entonces, en este sentido, creímos importante incorporar también el agente encubierto digital, que pueda entrometerse en redes delictivas del mundo digital y recolectar importante información para la investigación penal”.
Por último, Peralta opinó que en el proyecto se trata de “lograr un equilibrio entre los derechos y garantías de los imputados, combinado con la necesidad estatal de persecución del delito, y así evitar planteos de exclusiones probatorias por la ilegalidad en la forma de su obtención, de manera que no se frustren procesos penales por esta causa”.
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