Por Antonio Paré.
En el norte santafesino, la violencia contra las mujeres no da tregua. Los casos de femicidio y maltrato siguen en aumento, cada vez más crudos, cada vez más frecuentes. Frente a esta realidad, surge una pregunta inevitable: ¿sirven realmente las perimetrales para proteger a las víctimas?
Las estadísticas y los hechos indican que no. Las medidas judiciales muchas veces llegan tarde, o simplemente no se cumplen. Se actúa cuando el daño ya está hecho, y no hay sistema que repare una vida arrebatada. Se reacciona frente a los gritos, a las denuncias públicas, a la tragedia. Pero se olvida con la misma velocidad con la que se viraliza.
Las políticas de seguridad, más que inexistentes, parecen ser un tema que nunca se quiere discutir en serio. Los funcionarios —y cuando digo funcionarios, hablo de todos— evitan meterse en el barro de esta problemática. Mientras los gobiernos estén en manos de improvisados, mientras cualquiera pueda ocupar un cargo sin preparación ni compromiso, el resultado será siempre el mismo: un grupo de ignorantes tomando decisiones que cuestan vidas. Y eso, como periodista y como ciudadano, me duele, me indigna y me hago cargo de decirlo.
No se puede seguir mirando para otro lado. La violencia de género no se combate con discursos ni con promesas vacías. Se combate con presencia, con inversión, con políticas públicas reales y sostenidas. Porque mientras sigamos improvisando, seguiremos contando víctimas. Y eso, simplemente, es inaceptable.
