El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, presentó este lunes los resultados de las acciones investigativas y operativas desarrolladas por la Policía de Investigaciones (PDI) durante mayo en todo el territorio provincial, y destacó además el alcance de la implementación de la Ley de Microtráfico, que puso en marcha la gestión de Maximiliano Pullaro.
Según los registros del Departamento de Control de Gestión, durante mayo se concretaron 498 allanamientos y requisas en el marco de un trabajo coordinado entre fiscales, investigadores y personal especializado de la fuerza en las cinco regiones de Santa Fe.
Los procedimientos permitieron secuestrar 312 teléfonos celulares, 32 armas de fuego, 846 municiones y 43 vehículos vinculados a distintas investigaciones judiciales.
En materia de narcocriminalidad, además, fueron incautados 5.409 gramos de cocaína y más de 120 kilos de marihuana, junto con plantas de cannabis. También se secuestraron más de 34 millones de pesos y 285.751 dólares que, de acuerdo con las investigaciones en curso, estarían relacionados con actividades ilícitas.
Los datos reflejan además una intensa actividad operativa en las principales ciudades de la provincia y en ese sentido, Angelini destacó que “en Santa Fe hay un equipo de Seguridad consolidado bajo el liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni”.
Despliegue
El funcionario detalló que en la ciudad de Santa Fe se realizaron 57 allanamientos, mientras que en Rosario se llevaron adelante 46 procedimientos, consolidando la presencia territorial de la PDI y fortaleciendo las tareas de investigación criminal.
Al evaluar los resultados, Angelini destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas involucradas en las pesquisas. “Estos allanamientos son la etapa final de un trabajo muy profesional que viene llevando adelante la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía”, afirmó.
“Son el resultado de mucho tiempo de trabajo en la calle, reuniendo pruebas para presentar ante la Justicia. Vamos a seguir por el camino de la profesionalización de la fuerza porque cada allanamiento, cada investigación y cada golpe a las organizaciones criminales contribuye a reducir su poder de fuego y a brindar más seguridad a los santafesinos”, añadió.
El funcionario remarcó que detrás de cada procedimiento existe una tarea sostenida de inteligencia criminal y recolección de pruebas que permite avanzar sobre estructuras delictivas complejas. “Cada golpe a una organización criminal significa quitarle capacidad operativa, recursos económicos y margen de acción. Ese es el camino para seguir recuperando la tranquilidad en nuestros barrios”, sostuvo.
La importancia de la Ley de Microtráfico
Angelini atribuyó parte de los resultados obtenidos a la implementación de la Ley de Microtráfico, impulsada por el gobernador Pullaro, que permitió a la provincia asumir un papel más activo en la persecución de los delitos vinculados al narcomenudeo.
“La Ley de Microtráfico ha sido una de las herramientas más importantes en los resultados que estamos obteniendo en estos dos años y medio de gestión”, aseguró.
En ese sentido, explicó que las organizaciones criminales disputan el control territorial para ampliar la comercialización de estupefacientes y que esa competencia suele derivar en episodios de violencia. “Las bandas buscan dominar territorios para incrementar su capacidad de venta de droga y eso genera violencia lesiva. Por eso estos allanamientos representan golpes importantes contra esas organizaciones. No podemos darles ni un milímetro de margen para que se recuperen y vuelva la violencia a Rosario”, señaló.
El secretario también destacó la importancia de sostener una política permanente de investigación criminal para anticiparse a las nuevas dinámicas del delito y evitar la recomposición de las estructuras narco.
Finalmente, valoró la tarea desarrollada por el Servicio Penitenciario para limitar la capacidad de los jefes narco de continuar operando desde prisión. “Hoy los líderes de las organizaciones criminales tienen cada vez menos posibilidades de impartir órdenes desde las cárceles. Pero la lucha contra el crimen organizado exige un trabajo permanente del Estado, con investigación, inteligencia criminal y presencia en el territorio”, concluyó.
