El Ministerio de Justicia y Seguridad y junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisaron este jueves en Rosario el derribo de un búnker de venta de drogas ubicado en Felipe Moré y Lucio V. López, y la inactivación de otro inmueble en Felipe Moré 609 bis.
Los procedimientos se realizaron en barrio Industrial, en el límite con los barrios Empalme Graneros y Ludueña. Con estas dos intervenciones, se alcanzaron las 90 en la ciudad de Rosario y las 149 en todo el territorio provincial.
Las acciones se desarrollan en el marco de la Ley de Microtráfico, aplicada desde principios de 2024 a partir de un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial y la Policía santafesina, con la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales. La normativa contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles vinculados con la circulación de violencia altamente lesiva.
El subsecretario de Seguridad Pública, Marcelo Albornoz, explicó que “desde la creación de la Ley de Microtráfico venimos trabajando intensamente, día a día, en los barrios de las distintas localidades de la provincia. Estos puntos de venta generan violencia: homicidios, balaceras, extorsiones y usurpaciones”.
Asimismo, señaló que “el problema no termina acá” y remarcó que existen numerosas investigaciones en trámite. “Los allanamientos que se llevan adelante permitirán concretar nuevos derribos y seguir combatiendo esta violencia en los barrios”, afirmó.
Una investigación por narcotráfico y violencia asociada
La fiscal Mercedes Banchio brindó detalles de la causa y explicó que la investigación comenzó a fines de 2025. “En uno de estos domicilios no solo encontramos material estupefaciente, sino también armas de fuego. Ya fueron imputadas 18 personas por varios delitos, entre ellos asociación ilícita y comercio organizado de estupefacientes. También hay homicidios conexos”, indicó.
En el mismo sentido, la fiscal Marina Vigo explicó que la investigación se inició a raíz de varios homicidios y una tentativa de homicidio vinculados con una organización delictiva que operaba en el barrio y estaba asociada a Francisco Riquelme. “Hubo varios homicidios que actualmente se investigan, una tentativa de homicidio y otros hechos de violencia relacionados con amenazas y usurpaciones de viviendas para la comercialización de estupefacientes”, detalló.
“A raíz de todos estos delitos, se logró iniciar una investigación por asociación ilícita y comercio organizado de estupefacientes”, agregó.
Por último, el fiscal Diego Giro señaló: “Este es un barrio históricamente disputado entre bandas. En su momento lo regenteaba Francisco Riquelme y, luego de que fuera detenido y condenado a prisión perpetua, esas bandas se regeneraron con su hijo y continuaron operando”.
Giro destacó el aporte de las fuerzas de seguridad provinciales y federales en una investigación “muy larga”. “Atacamos nuevamente a esta banda, que se había regenerado y contaba con la participación de un abogado que facilitaba que las indicaciones impartidas desde la cárcel por personas detenidas fueran transmitidas a quienes operaban en el territorio. Actualmente, ese abogado y las demás personas imputadas se encuentran en prisión preventiva”, concluyó.
