Cada fin de año volvemos al mismo punto. El mismo debate. Las mismas discusiones. Las mismas ordenanzas. Y el mismo resultado. La pirotecnia sigue existiendo, sigue vendiéndose, sigue usándose y sigue causando daño.
No por falta de leyes, sino por falta de decisión política real.
Se habla mucho de pirotecnia cero, pero se actúa poco sobre la raíz del problema. Porque mientras algunos municipios prohíben el uso y apelan a la conciencia social, el Estado en niveles superiores habilita la fabricación, autoriza la comercialización y permite que los explosivos circulen legalmente. Esa contradicción no es casual: es estructural.
Aclaremos algo de entrada, sin hipocresías. No existe en la Argentina una ley nacional que prohíba la fabricación de pirotecnia. Tampoco una que frene definitivamente su venta. Y mientras eso no ocurra, cualquier normativa local nace limitada, condicionada y expuesta al fracaso. No porque esté mal pensada, sino porque pelea contra un sistema que juega a dos puntas.
En Villa Ocampo, como en muchas ciudades del país, hay una ordenanza que establece pirotecnia cero. La intención es correcta y necesaria. Nadie puede negar el daño que esto provoca: personas con discapacidad, niños con trastornos del espectro autista, adultos mayores, enfermos, animales. El sufrimiento es real y comprobable.
En eso no hay discusión. Estoy totalmente de acuerdo con la prohibición del uso de pirotecnia. Yo no la utilizo y espero que los demás también puedan entenderlo.
Pero el debate serio empieza cuando dejamos de mirar solo al vecino y empezamos a mirar al poder.
Porque la pregunta es incómoda, pero inevitable:
¿hasta dónde se puede prohibir a una persona festejar “sanamente” cuando el propio Estado habilita explosivos?
¿Con qué autoridad se castiga al ciudadano común mientras se protege, directa o indirectamente, a la industria?
Ahí está el límite real de estas leyes. Son normas creadas por arriba, pensadas para calmar el reclamo social, pero sin tocar el núcleo económico del problema. Se prohíbe el uso, pero no la producción. Se sanciona al consumidor, pero no al fabricante. Se exige conciencia individual, mientras el negocio sigue facturando.
Y seamos honestos: esto no es un problema de desconocimiento, es un problema de intereses. La pirotecnia mueve dinero. Mucho dinero. Genera rédito económico. Y cuando el negocio es rentable, hay decisiones que no se toman. Porque incomodan. Porque afectan cajas. Porque rompen acuerdos. Porque alguien pierde.
Entonces las leyes existen, pero no producen efectos reales. Funcionan como discursos bien intencionados, pero vacíos de poder. Se transforman en declaraciones morales, no en herramientas de transformación. Y mientras tanto, la responsabilidad siempre recae sobre el eslabón más débil: la gente.
No estoy en desacuerdo con las leyes. Al contrario. Estoy en desacuerdo con leyes que simulan soluciones mientras sostienen el problema. Porque así no se cambia nada. Así solo se administra el conflicto para que no estalle.
Pretender erradicar la pirotecnia sin frenar su fabricación es querer parar un río sin cerrar la represa. El agua va a seguir corriendo. Siempre. Porque la fuente sigue abierta y nadie se anima a tocarla.
Esta editorial no critica a personas, ni comerciantes, ni vecinos, ni siquiera a una ciudad en particular. Pone en contexto dónde estamos parados como sociedad y hasta dónde realmente podemos avanzar frente a un gigante económico que no va a detenerse solo.
Si la pirotecnia cero es un objetivo genuino, entonces hace falta algo más que ordenanzas locales y campañas de concientización. Hace falta decisión política, coraje institucional y voluntad de enfrentar intereses. Todo lo demás es relato.
