El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y el Consejo de la Magistratura, lleva adelante los procesos de concurso para la cobertura de vacantes del Poder Judicial. Son 16 concursos en marcha convocando en una primera etapa a la cobertura de 112 cargos judiciales en toda la provincia, entre fiscales, fiscal regional de Rosario, jueces penales de primera instancia, jueces de menores, cámara penal, y defensores; como así también para los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial, laboral, familia, fuero pleno, de circuito y para la cámara laboral.
“Desde que comenzamos la gestión que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro comenzamos a trabajar para cumplir con lo que la sociedad demanda: una justicia más eficiente, más cercana, que dé respuestas y comprenda la importancia del momento histórico que estamos atravesando en la provincia de Santa Fe, con la posibilidad plena de poder reformar la Constitución después de 63 años”, expresó María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial.
“El proceso”
Para poder cubrir todos los cargos vacantes del Poder Judicial provincial, es necesario cumplimentar diferentes etapas del proceso previsto en la reglamentación. En primera instancia se convoca a los postulantes con un período de apertura de inscripción al concurso. Hecho esto en el plazo fijado, luego se realiza el análisis de admisibilidad de acuerdo a los requisitos constitucionales referidos al título, antigüedad en el ejercicio de la profesión o la función judicial. Cabe destacar que también es un requisito fundamental que los postulantes no tengan antecedentes penales ni tengan un certificado positivo del registro de deudores alimentarios morosos.
Tras superar la admisibilidad, los concursantes deben realizar la prueba de oposición, que consta de un examen que puede ser de modalidad escrito u oral y que exige para el caso de jueces no penales la presentación de un plan de gestión como requisito excluyente. De ser superado el examen, se los convoca a las entrevistas personales con los integrantes del mismo cuerpo evaluador que confeccionó y realizó los exámenes, que se compone por representantes del Colegio de Abogados, del Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial y de las universidades. Y en el caso de los concursos para fiscales y defensores penales, se suman representantes de los respectivos órganos: Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal respectivamente.
Cómo última etapa, una vez realizados los exámenes psicotécnicos, el Consejo de la Magistratura conforma un listado definitivo que eleva la propuesta al gobernador dando por finalizado el proceso de concurso.
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