El gobernador, Maximiliano Pullaro, junto al ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, puso en marcha la ley 14.178, conocida como ley Yolanda, mediante la cuál se implementa una capacitación integral destinada a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado en ambiente.
En el lanzamiento, llevado a cabo este miércoles en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, Pullaro resaltó “la trascendencia de este hecho institucional, que nos permite poner en agenda pública cuestiones que, lamentablemente, durante mucho tiempo en el mundo y en nuestra provincia, no se les dio importancia”.
“Decir que el futuro es ecológico, significa que quienes somos gestores y decisores de políticas públicas, tenemos que formarnos y capacitarnos en su diseño, implementación y armado, porque en cada uno de los poderes y de las áreas del Estado tenemos que tener una mirada que cuide el ambiente en la República Argentina”, destacó el gobernador; y señaló que “tenemos enormes desafíos, pero si hacemos las cosas bien, nos vamos a ubicar en un lugar distinto y vamos a tener muchísimas más oportunidades que otras regiones, pero para eso en el diseño institucional del Estado provincial tiene que existir esta mirada”.
Por último, Pullaro recordó que “cuando adherimos a la ley Yolanda, detectamos que necesitábamos tener una mirada que implique los valores, los principios y la defensa de la santafesinidad en su implementación; por eso entendimos que teníamos que tener herramientas propias en Santa Fe para poder llevarla adelante y generar políticas públicas para nuestra generación y las próximas”.
“Herramienta fundamental”
A su turno, Estévez manifestó que “es un acto trascendente, porque nos estamos sumando a la utilización de una herramienta que es fundamental para tomar mayor conciencia de lo que implica el cambio climático y de la necesidad de modificar muchas de nuestras pautas de conducta; para introducir la idea y el conocimiento ambiental con una mirada transversal en la construcción de políticas públicas, planificando con una mirada a mediano y largo plazo, que salga de lo urgente, y que nos permita contar con acciones concretas para adaptarnos y mitigar las consecuencias del cambio climático, que hoy está obligando a los gobiernos locales a tomar decisiones diferentes”.
Estevez señaló que esta capacitación fue diseñada con “contenidos de nuestra provincia, en un trabajo con instituciones y organizaciones, que fueron parte de ese proceso, porque los cambios son duraderos si se construyen de abajo hacia arriba”.
En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, destacó que “hoy tenemos una doble responsabilidad: capacitarnos y trabajar en la mejora del ambiente, desde la Cámara, como organismo estatal, pensando en las cosas cotidianas, sencillo pero consistente, firmes en el tiempo, como en utilizar menos papel, en migrar a energías renovables, en separar los residuos”.
“Implementación de la ley”
El secretario de Cambio Climático, Diego Martín, detalló que la “primera etapa de la implementación de la ley cuenta con una producción hecha desde el gobierno de Santa Fe, con el acompañamiento de la mesa de instituciones, con contenidos ambientales que nos atraviesan como provincia. Este es el valor agregado que hemos podido implementar durante estos meses y que van a aprovechar tanto los agentes estatales como los funcionarios que vayamos a realizar esta capacitación”.
La Ley Yolanda cuenta con diferentes instancias de implementación. Además de la producción de contenidos, que por primera vez desde esta ley existe, se realizaron equipos técnicos del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, mesas de trabajo para que la sociedad civil, representantes de organizaciones sociales, universidades y ONGs, pueda sumar su mirada a los módulos educativos de la capacitación.
También participaron del acto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich; ministros y ministras del Ejecutivo; secretarios de Gobernación; legisladores y legisladoras provinciales; el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; y la presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe, Chuchi Molina.
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