La Cámara de Diputados aprobó una serie de cambios al sistema penal y de seguridad de Santa Fe para que el Estado pueda investigar mejor, actuar con mayor rapidez ante situaciones urgentes y evitar que una causa se frene porque una persona decide no presentarse ante la Justicia. Las medidas alcanzan desde las primeras horas de una investigación hasta los allanamientos, la protección de testigos, el funcionamiento de las cárceles y el sistema de recompensas.
“Los delitos cambian, se organizan y aprovechan cada demora. El Estado no puede tener menos herramientas para responder. Estas reformas apuntan a que la Policía, los fiscales y la Justicia puedan actuar con mayor rapidez, pero siempre con reglas y controles claros”, expresó Dionisio Scarpin.
Qué cambia con las nuevas herramientas de seguridad.
Uno de los cambios apunta a las primeras etapas de una investigación. La Fiscalía podrá tomar una declaración informativa a una persona vinculada con un hecho cuando todavía no haya elementos suficientes para acusarla. Esa persona podrá guardar silencio, retirarse y contar con un abogado; si declara sin asistencia legal, sus dichos solo servirán para orientar la investigación.
La reforma permite además que un juicio avance cuando el acusado, pese a conocer la causa, decide no presentarse. Para hacerlo deberán existir garantías: tendrá un abogado defensor, la decisión deberá ser autorizada por un juez y la víctima podrá ser escuchada. “Escaparse o esconderse no puede convertirse en una manera de frenar a la Justicia. El proceso tiene que poder avanzar, con todas las garantías para defenderse”, sostuvo Scarpin.
También se amplían los casos de allanamientos urgentes, por ejemplo ante armas, organizaciones criminales o riesgo de perder pruebas. En los supuestos previstos habrá control judicial posterior. A la vez, la Justicia podrá intervenir sobre inmuebles utilizados para cometer delitos, ordenar desalojos, devolver propiedades a sus legítimos ocupantes e impedir que esos espacios sigan siendo usados para actividades ilegales.
En las cárceles, podrán aplicarse medidas más estrictas a internos que realicen acciones que representen una amenaza grave para la seguridad pública, entre ellas restricciones sobre visitas y comunicaciones, siempre con posibilidad de revisión judicial. “Estar preso no puede significar seguir generando amenazas para la gente desde una celda”, remarcó.
Por otra parte, el uso de herramientas de inteligencia que impliquen acceder a comunicaciones, teléfonos, cuentas o redes sociales requerirá autorización judicial. Y se amplía el sistema de recompensas para obtener información útil que permita prevenir o esclarecer delitos, localizar responsables o encontrar personas buscadas.
“Hace falta policía en la calle, investigación, fiscales, jueces, tecnología y un sistema penitenciario que funcione. Lo que aprobamos suma herramientas para responder mejor y más rápido frente al delito”, concluyó Scarpin.
