El proyecto presentado por el diputado Emiliano Peralta para que los trabajadores estatales puedan elegir su Aseguradora de Riesgos del Trabajo no es simplemente una iniciativa administrativa. Es, en esencia, una discusión de fondo sobre el modelo de Estado que queremos.
Actualmente, la cobertura de riesgos laborales de los empleados públicos provinciales está en manos de la Dirección Provincial de Autoseguros de Riesgos del Trabajo (DIPART), un sistema estatal que funciona bajo el esquema de autoseguro. El planteo de Peralta apunta a romper ese esquema exclusivo y permitir que cada trabajador decida permanecer en la órbita estatal o migrar hacia una ART privada.
La palabra clave que atraviesa el proyecto es “libertad”. Libertad de elección. Libertad de competencia. Libertad frente a lo que el legislador define como un monopolio que —según su mirada— habría deteriorado la calidad de las prestaciones y extendido los plazos de respuesta ante accidentes laborales.
Ahora bien, el debate no es menor.
Porque detrás de la libertad de elegir también aparece la pregunta sobre el equilibrio del sistema. ¿Puede sostenerse un esquema estatal si parte de sus aportantes migran al sector privado? ¿Cómo impactaría en el financiamiento de la DIPART? ¿Mejoraría efectivamente la calidad del servicio o se generaría una fragmentación que termine perjudicando al trabajador?
En tiempos donde a nivel nacional se discute la reducción del rol del Estado y la apertura a la competencia en múltiples áreas, esta propuesta provincial se inscribe claramente en esa corriente. No es un hecho aislado. Forma parte de una visión más amplia que entiende que la competencia genera eficiencia y mejora prestaciones.
Sin embargo, también existe otra mirada: la que sostiene que el Estado no debe competir con el mercado, sino garantizar derechos con criterios de equidad y previsibilidad, sin depender de lógicas comerciales.
La clave estará en el debate legislativo. En escuchar a los trabajadores, a los gremios, a los especialistas en riesgos laborales y a la propia administración provincial. Porque lo que está en juego no es solo la posibilidad de elegir una ART, sino el diseño de un sistema que debe responder, ante todo, a quien sufre un accidente o una enfermedad laboral.
El desafío es que la discusión no quede atrapada en consignas ideológicas. Ni “monopolio estatal ineficiente” ni “privatización encubierta”. Lo que se necesita es transparencia, números claros y un análisis serio del impacto real.
En definitiva, la libertad es un valor. Pero la protección del trabajador también lo es. Y cuando se trata de derechos laborales, el equilibrio no puede improvisarse.
Por Antonio Paré
