Desde hace más de medio siglo, la salud pública en la Argentina viene siendo el patio trasero de la política. Ya en los años 70, mientras el país entraba en crisis tras crisis, los hospitales quedaban relegados a la caridad y al esfuerzo de profesionales que trabajaban con lo mínimo. En los 80, con la vuelta de la democracia, se habló de “un nuevo comienzo” y de “poner al ciudadano en el centro”, pero la realidad fue otra: hospitales sin insumos, salarios atrasados y edificios cayéndose a pedazos.
La década del 90 fue todavía peor: la ola privatizadora convirtió la salud en un negocio, dejando a la salud pública como un servicio para pobres, mal financiado y condenado al olvido. Y en los 2000, con la crisis del 2001, miles de personas que habían perdido su cobertura privada abarrotaron un sistema que ya estaba colapsado. Se multiplicaron las camas calientes, donde un paciente salía y otro entraba sin siquiera desinfectar el colchón.
Lo cierto es que ningún gobierno, de ningún color político, tuvo la decisión de tomar la salud como política de Estado. Se levantaron hospitales a medias, se hicieron inauguraciones con carteles y tijeras para la foto, pero nunca se sostuvo una inversión seria, planificada y continua.
Hoy la Argentina cuenta con más de 2.200 hospitales y centros de salud públicos, pero muchos de ellos funcionan con infraestructura de hace 40 años, sin mantenimiento ni modernización tecnológica. Se estima que en provincias como Chaco, Formosa o el norte santafesino, 8 de cada 10 hospitales carecen de terapia intensiva equipada al 100%. En Santa Fe misma, los trabajadores de la salud han debido marchar una y otra vez reclamando lo más básico: insumos, salarios dignos y seguridad en sus guardias.
Mientras tanto, los discursos políticos se repiten como un eco vacío: “La salud es prioridad”, “Vamos a fortalecer el sistema”, “Más hospitales para la gente”. Palabras huecas frente a la realidad de madres que esperan horas con un hijo en fiebre, de abuelos que mueren sin atención en pasillos, de jóvenes que pierden la vida por falta de una ambulancia equipada.
La salud no puede seguir siendo el botín de campaña ni el último renglón del presupuesto. Es hora de decirlo sin miedo: todos los gobiernos abandonaron a los ciudadanos en lo más sagrado, el derecho a la vida. Y mientras no se construya un plan nacional serio, sostenido y blindado de la corrupción y la politiquería, el drama seguirá siendo el mismo: hospitales que sobreviven, médicos que se sacrifican y un pueblo que agoniza en la indiferencia.
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